El PSOE admite que tendrá que reformar la ley del ‘sólo sí es sí’ y asume «más de un mes de excarcelaciones»

La ley del sólo sí es sí se ha convertido en un coladero incesante de rebajas de condenas para agresores sexuales. Y la inquietud en el seno del Gobierno es un hecho. Desde el PSOE se asiste con una mezcla de indignación e inquietud a las consecuencias de la norma estrella de Irene Montero. Se empieza a asumir que la reforma será inevitable, pero, en el mejor de los casos, esa revisión llevará al menos un mes de tramitación parlamentaria. En este tiempo, el impacto de las decisiones judiciales será enorme.

Aún recurriendo al trámite más liviano de la proposición de ley -que permite esquivar los informes del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial- una posible modificación de la norma ocupará semanas. Y los socialistas cuentan además con la oposición de sus socios de Gobierno. La ministra Irene Montero defiende a ultranza su ley del sólo sí es sí y ha evitado asumir cualquier responsabilidad, limitándose en plena polémica a atacar a los jueces, acusándoles incluso de prevaricar por su «machismo». La dureza de sus manifestaciones ha llevado incluso al Consejo General del Poder Judicial a emitir un comunicado en el que tacha de «intolerables» estos ataques y advierte de la «desprotección» que puede generar en las víctimas al incrementar la desconfianza en las instituciones.

Aviso del CGPJ

La revisión a la baja de las penas en la ley del sólo sí es sí ya fue advertida por el CGPJ en un extenso informe durante la tramitación de la norma. Los jueces eran explícitos: en el tipo básico de agresión sexual se establecía una pena de uno a cuatro años, mientras que la anterior lo marcaba en el margen de uno a cinco años. En caso de violación, la reforma legal prevé una pena de prisión de cuatro a 10 años, mientras que antes se penaba de seis a 12 años y en el caso de abusos sexuales con penetración con penas de cuatro a 10 años. Lo mismo ocurre con los tipos agravados en agresión sexual que con la reforma van de dos a seis años, mientras que antes la horquilla era de cinco a 10 años. En cuanto al tipo agravado de violación, pasa de una horquilla de 12 a 15 a una pena de siete a 12 años.

El CGPJ en su informe sobre ley del sólo sí es sí afeaba que Igualdad en su proyecto legal de la ley de sólo sí es sí, «no ofrece una justificación de los nuevos umbrales de pena previstos» y que efectivamente «la reducción de los límites máximos de las penas comportará la revisión de aquellas condenas en las que se haya impuesto las penas máximas conformes la regulación vigente».

Pero Montero eludió todas las alertas. Y tal y como establece el Código Penal, el reo tiene derecho a una revisión de la condena en el caso de que la nueva ley resulte más favorable.

Las consecuencias son ya conocidas. En dos días se han producido revisiones de condena a la baja y excarcelaciones en prácticamente todos los puntos del país. Los jueces, incluso, están actuando de oficio para reducir penas aun sin que el condenado lo haya pedido. Los abogados avanzan un aluvión de revisiones en los próximos meses.

Hay que tener en cuenta, además, que aun en el caso de una corrección de la ley de Montero, ésta no tendría efecto sobre los condenados. Es decir, aunque vuelvan a subir las penas, al haber existido una ley más favorable al reo, los agresores podrían acogerse a ella y pedir la rebaja. En resumen, sólo se aplicaría a los delitos que se cometan una vez esté aprobada.

Choque

Y todo ello, a las puertas del ciclo electoral. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha evitado despejar de momento sus planes y se ha limitado a decir que hay que esperar a que los tribunales y la Fiscalía «unifiquen» el criterio antes de decidir los nuevos pasos. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sí se mostró el martes más clara ante una posible corrección y admitió que habría que «estudiar» el texto legal porque el objeto de esta ley no era que se pudieran rebajar las penas por abuso a menores sino «todo lo contrario».

«Se ha identificado cualquier tipo de delito como agresión para que haya condenas más agravadas, penas más agravadas. Ésa es la voluntad y es una gran conquista del movimiento feminista, una ley que puede inspirar más. Corresponde a los tribunales y a la Fiscalía unificar esa doctrina para extraer conclusiones. La voluntad es proteger», ha afirmado Sánchez desde Bali, tras participar en la cumbre del G-20.

El asunto ha provocado, en cualquier caso, un nuevo choque -otro más-entre los socios de coalición. La redacción de la norma ya fue un camino complicado y generó abiertos enfrentamientos entre el entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y Podemos. Pablo Iglesias llegó a referirse a él como «machista frustrado» por sus excusas, que retrasaban la de la ley en exceso, en opinión de su partido. Podemos quería convertirla en una bandera estrella, haciendo coincidir su aprobación con el Día de la Mujer, una fecha de gran simbolismo para los morados.

Desde el PSOE, se criticaba ante Podemos la falta de seguridad jurídica de la norma y, de hecho, el Ministerio de Justicia llegó a corregir buena parte del texto por graves errores de técnica legislativa. Una chapuza precipitada por los tiempos. Ahora, los socialistas vuelven a mirar a Podemos.